Participación Ciudadana y Gobernanza Ambiental: Avances y Desafíos en el Perú

Desde la creación del SENACE, la gestión ambiental en el Perú ha hecho un esfuerzo notable por colocar la participación ciudadana en el centro de sus procesos. En este terreno ha logrado más avances que otras entidades estatales e, incluso, que instituciones de diferentes sectores. Por lo que actualmente es, sin duda, un referente en cuanto a los mecanismos de participación y una institución líder al respecto. 

La participación ciudadana, cuando se cumple de manera real y efectiva, es una de las expresiones más palpables de una república democrática: la res publica, la cosa pública, en acción. Pero cuando se convierte en simulacro o simple maquillaje, socaba las bases mismas de la institucionalidad que sostiene el orden democrático. Un Estado que no cuida de la eficacia de sus herramientas y que, por fuerza de la inercia, la inexperiencia o la mala voluntad, genera procedimientos tediosos y repetitivos ocasiona más problemas que soluciones. 

Del Informe Brundtland a la Gobernanza Ambiental

En 1987, el Informe Brundtland introdujo el concepto de sostenibilidad, marcando un punto de quiebre para gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. A partir de ahí, con mayor o menor compromiso, las instituciones (entidades estatales y organismos privados) comenzaron su tránsito hacia un nuevo paradigma: la gobernanza ambiental. Este enfoque, incorporado también en la legislación peruana mediante la Ley N.º 28611, supone mucho más que un trámite: es una nueva forma de pensar y actuar, un cambio en la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. Por

supuesto también una nueva forma de hacer negocio y de rentabilizar de las empresas.

No obstante, la gobernanza ambiental, actualmente, es más una promesa que un plan específico. Su mayor amenaza no son los enemigos que puedan surgir en el horizonte, porque ciertamente nadie estaría en contra de la “sostenibilidad ambiental”, sino aquellos que se hacen pasar como “aliados”, voluntaria o involuntariamente. Es el caso de las empresas que practican el “greenwashing”  y de las instituciones que creen que fomentan la participación real, pero no lo son. 

La Promesa y las Grietas de la Participación

Los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) han incorporado cada vez más mecanismos participativos. Sin embargo, esta mayor intensidad ha generado también desgaste y desconfianza en la ciudadanía. El exceso de encuestas, entrevistas, fichas y talleres puede convertir la participación en procedimientos interminables o espacios donde todos hablan, pero pocos se escuchan realmente. Al final los proyectos se disfrazan de participativos, pero realmente no son percibidos así por la población. 

Es cierto que en los talleres a veces se producen debates valiosos o genuinos momentos de aprendizaje. Pero en otras ocasiones se transforman en confrontaciones abiertas o en diálogos de sordos, como suele caracterizar a la minería. El problema es que gran parte del esfuerzo se concentra en los canales de comunicación, y no en el contenido. Lo que la población quiere discutir es claro: el plan de gestión ambiental y más aún el plan de relaciones comunitarias, ya que su contenido impactará directamente en ella. Paradójicamente, estos componentes son los menos participativos.

El “Contrato Psicológico” con la Comunidad

Aquí radica una oportunidad clave. En psicología organizacional existe el concepto de “contrato psicológico”: un acuerdo no escrito basado en expectativas mutuas más allá de lo formal. Si se aplica a la gestión ambiental, los planes de relacionamiento comunitario podrían convertirse en verdaderos pactos entre empresas y comunidades. Pactos basados en confianza, con expectativas claras y rutas de trabajo compartidas, bajo la supervisión de entidades estatales como el OEFA.

En teoría, esto debería ser el corazón de la gobernanza ambiental. En la práctica, sin embargo, la mayor parte del esfuerzo se concentra en las líneas de base, en estadísticas y descripciones, en lugar de en construir relaciones sostenibles. O, que también es lo mismo, en las formalidades del proceso de participación antes que en su real eficacia. 

Innovación, Economía Conductual y PRC

Sorprende que no se aprovechen más las herramientas que hoy están disponibles. Las metodologías ágiles, altamente participativas, han demostrado ser capaces de generar un conocimiento profundo de los usuarios. La economía conductual, con recursos como los nudge, ofrece técnicas eficaces para comprender y orientar la toma de decisiones. Ambos enfoques podrían ser aliados poderosos en la gestión y prevención de conflictos socioambientales.

El desaprovechamiento de los Planes de Relaciones Comunitarias (PRC) responde, en parte, a la falta de voluntad y al interés económico en evitar procesos participativos prolongados y exigentes. También influye la inercia de las consultoras ambientales, poco dispuestas a innovar, y una normativa demasiado rígida que exige recopilar información sin distinguir entre herramientas para la línea de base y para el plan de gestión.

Una Oportunidad para Prevenir Conflictos

Centrar los esfuerzos en los PRC ofrece una ventaja clave: los conflictos sociales podrían gestionarse según se cumplan, incumplan o se apliquen de manera irregular los compromisos. Esto daría a la población un control más claro sobre lo que puede exigir a los titulares y fortalecería la confianza en el sistema.

En resumen, la participación ciudadana en la gestión ambiental peruana ha avanzado mucho, pero aún enfrenta riesgos de desgaste y deslegitimación. La clave está en pasar del “cómo se comunica” al “qué se comunica”, y en aprovechar herramientas modernas que permitan construir confianza genuina. Solo así la gobernanza ambiental podrá dejar de ser un ideal y convertirse en una práctica viva.